Políticos en embajadas de primera; los de carrera, segundones
El canciller Holmes anunció 11 nuevos embajadores de carrera, pero los favores políticos a aliados de campaña mandan a la hora de asignar embajadas de primer nivel
Las actuales nueve representaciones ocupadas por funcionarios diplomática son: Filipinas, Malasia, Finlandia, Austria, Israel, Holanda, Polonia, Irlanda y ONU Ginebra. Lo mismo: a excepción de Austria, ninguna cuenta con más de cinco funcionarios de planta y en algunos casos, como Filipinas, solo está el embajador y un apoyo administrativo, generalmente local.
El peso político marcado por las alianzas que llevaron a Iván Duque a la Presidencia es el rasgo característico de los embajadores de primer nivel, dándose casos francamente llamativos como el nombramiento del ex gobernador del Valle, de filiación conservador, Ubeimar Delgado en la embajada de Suecia, sin conocimiento de ningún idioma extranjero ni título universitario. La embajada de Canadá, un país clave para el país, estará ocupada por Federico Hoyos, un apoyo político del Centro Democrático en Antioquia, quien no ha cumplido ni los 33 años, tiene una limitada experiencia política y nunca ha ostentado un cargo diplomático en su vida. Catorce de las delegaciones claves de Colombia estarán en manos de 14 aliados políticos de campaña como lo muestra el siguiente cuadro.
Son pocas las veces que un funcionario de carrera llega a tomar las riendas de una embajada realmente importante. Uno de los extraños casos fue el nombramiento de Carlos Reyes como embajador de Colombia en Washington, quien reemplazó a Juan Carlos Pinzón en el 2017. Reyes tiene una extensa hoja de vida en temas de representación internacional y es impecable a la hora de rendir. Estuvo en el cargo menos de 2 años, pues fue removido en los primeros días de posesionado el presidente Duque y reemplazado con Francisco Santos, quien nunca había ejercido un cargo diplomático antes.
La decisión de la Cancillería con los nuevos nombramientos, que en efecto tiene un mayor alcance que en los gobiernos anteriores, responde a la directriz legal constitucional que obliga a que al menos el 20% de las delegaciones en el exterior deben ser ocupadas por funcionarios de carrera. Una decisión significativa a nivel cuantitativo pero que está lejos de mostrar una voluntad política de fondo para profesionalizar la carrera en el exterior y descontaminarla de la politiquería y el clientelismo, como criterio constante de todos los gobiernos a lo largo de la historia del país.