COLUMNA SEMANAL DEL SENADOR JUAN MANUEL GALAN

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ENVIGADO ENTRA Y DA PASO HISTÓRICO

Más de 40.000 envigadeños nos muestran una nueva forma de gobernar. Me gusta pensar que progresivamente, vamos pasando de un modelo de gobierno tradicional en donde los poderes estatales están concentrados en la capital hacia un modelo más abierto y horizontal.

Se trata de que los ciudadanos jueguen un papel central en la  identificación de las prioridades de su territorio, la prestación de servicios públicos y el control de  la inversión presupuestal. Un ejemplo de este nuevo modelo, es la forma como se acaba de anexar el municipio de Envigado al Área Metropolitana del Valle de Aburra.

Gracias a una consulta popular, 24.507 habitantes dijeron si a la integración territorial y dieron un voto de confianza al área metropolitana más antigua del país. Esta asociación territorial permitirá darle fuerza a proyectos en materia de educación, movilidad e integración de transporte multimodal. Iniciativas que han sido pensadas para los próximos 10 años y que no podrían llevarse a cabo por los municipios, si lo hacen de forma aislada e individual.

El Valle de Aburrá, se convierte así en un modelo de desarrollo para replicar en otras áreas del país. Sin embargo, pese a los beneficios de este nuevo modelo de gobierno, en Colombia contamos con un déficit en áreas metropolitanas. Aunque hay espacios territoriales que ya se han consolidado en esa forma de integración, aún no han sido reconocidos formalmente.

 

Me refiero por ejemplo al área metropolitana de Armenia, que junto con Calarcá, Circasia, La Tebaida, Montenegro y Salento generan flujos continuos de bienes y pobladores. También el área metropolitana de Bogotá, que por no estar constituida, sigue sufriendo cuellos de botella en la solución de problemas de seguridad que aquejan por igual a los habitantes de Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cajicá, Cota, La Calera, Tenjo, Tabio, Sibaté, Zipaquirá y Facatativá.

Por eso, necesitamos mayores liderazgos en los gobiernos locales, así como una visión a futuro que permita establecer un diseño institucional que trascienda un periodo de gobierno. Se requiere asumir de manera conjunta la prestación de servicios públicos y diseñar obras de impacto local con ejecución regional, que resulten más eficientes y generen menos costos.

Pero sobre todo, necesitamos que los municipios promuevan agendas comunes en sus territorios, para sumar esfuerzos, superar intereses individuales, y lograr acercar  las políticas públicas a los ciudadanos. Ojalá que el ejercicio de Envigado, se convierta en un detonante y genere efecto dominó para estas formas de gobierno en todo el país.

 

 

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CELEBRAR UN PACTO SOCIAL MAS QUE UNA CONSTITUCIÓN

Llevamos tan solo un cuarto de siglo con la nueva Constitución y algunos, a pesar de varias reformas sufridas, ya quieren cambiarla del todo!! El problema no está en la carta, pues su utilidad o ineptitud para sobrellevar los nuevos tiempos, es mas bien de sus  intérpretes.

Por eso, debemos abandonar la idea de que una nueva Constitución será la “solución mágica” para resolver los problemas del país o la pócima medicinal que todo lo cura y más bien, entender que la clave está en todos los ciudadanos que la interpretamos o en nuestra voluntad política para materializarla.

En Colombia  hay varios intérpretes de la Constitución: la Corte Constitucional por supuesto, en un actor fundamental en el proceso de explicar o traducir el sentido del texto.   Sin embargo, no es el único. Las organizaciones sociales  y los ciudadanos a través del Congreso de la República son también intérpretes, es decir, participan del proceso de entender y traducir el sentido de la Constitución  y de reformarla de acuerdo con los cambios históricos.

Esto, se convierte en una oportunidad para desarrollar temas constitucionales apenas enunciados. Me refiero, al principio de descentralización política y administrativa que en los últimos años ha sufrido un fuerte retroceso inclinándose hacia una tendencia más centralizadora; específicamente,  en el manejo de regalías, administración de recursos y toma de decisiones sobre protección del medio ambiente.

Sabemos que aunque el texto de la Constitución de 1991 aumentó la transferencia de recursos y responsabilidades desde el gobierno central a los departamentos, distritos y municipios; hoy día, son muchos los reparos de las autoridades territoriales que constantemente denuncian la desconfianza con que son vistos sus departamentos y la imposición desde el gobierno central de funcionarios encargados de administrar y priorizar sus recursos desconociendo la realidad de sus regiones.

Más allá de reformas jurídicas lo que la descentralización necesita ahora es voluntad política para institucionalizar el Estado local en toda su majestad. Un sistema que redistribuya sus poderes entre las regiones generando autonomía y protagonismo para cada una de ellas. En palabras de mi padre, el Estado necesitaría  someterse a una verdadera “dieta” para perder peso entregando competencias y recursos a  todas las entidades territoriales. Para que la dieta sea efectiva, se requiere un cambio cultural, una nueva manera de pensar la integración Estado-Nación y Territorio.

 

 

BREXIT

La decisión británica de abandonar la Unión Europea 43 años después, constituye un fuerte golpe al proyecto europeo de integración entre las naciones.

Y no es para menos si se tiene en cuenta que el Reino Unido (Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Gibraltar) representa la novena mayor economía de exportación en el mundo. Sus relaciones comerciales con Estados Unidos,  China,  Alemania, Países Bajos, Suiza  y Francia, le representó  -en 2014- $472 mil millones de dólares en exportación y $663 mil millones en importaciones.

En días pasados, de la misma manera que el 5 de junio de 1975, el Gobierno británico realizó un referendo en el que le preguntó a los ingleses si querían permanecer o no como miembros de la Unión Europea. En su momento el 67,2% de los consultados votaron por el sí y 32,8% por el no, pero hace dos semanas, los resultados no fueron los esperados por el Primer Ministro David Cameron pues el 51,9 % de ciudadanos votó por abandonar la Unión Europea o “brexit” y el 48,1 % votó por permanecer en ella.

Aunque la decisión que surgió del referendo no es de obligatorio cumplimiento, el Estado tiene la obligación moral de acatar la voluntad del pueblo; y con ello surgen algunas reflexiones: ¿Qué sucedió para que los ingleses decidieran salir?, ¿Cuál fue el discurso que logró convencerlos?

De un lado están los que querían permanecer en la UE confiados en que ello sería un impulso a la fuerza laboral y a la seguridad; y un fortalecimiento de su economía. En la otra orilla se ubican los conservadores -que respaldaron el brexit- convencidos de que para el crecimiento efectivo del país es necesaria más independencia de la comunidad europea, y una  reducción drástica de la inmigración -que a su vez  aumentará las plazas laborales para los nacionales-.

Esta última propuesta fue la que ganó y hoy el Reino Unido se enfrenta a un turbio panorama: varios estudios reportan impactos económicos, financieros, laborales, fiscales y exteriores negativos para el Reino Unido. El Departamento del Tesoro británico analizó las posibles consecuencias y llegó a la conclusión de que cualquiera de los dos escenarios provocará una recesión a corto plazo.

En un mundo globalizado como el nuestro, resulta preocupante que la decisión de salirse de la Unión pareciera más una respuesta nacionalista, demagógica y populista a una realidad transnacional que además desconoce los sueños y aspiraciones de los jóvenes –entre 18 y 24 años- que en un 75% votaron por más oportunidades, más integración, más tolerancia, más solidaridad y el pasado 23 de junio perdieron.

 

 

 

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Senador Galan – Despues de 9 intentos por parar la guerra, el país jamás había llegado tan lejos.

UN COMPROMISO MAYOR

El reciente acuerdo entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las FARC sobre el fin del conflicto es el punto de partida para la verdadera construcción de paz. Luego de 9 intentos por parar la guerra, el país jamás había llegado tan lejos.

El  pasado 23 de junio, el Gobierno nacional y las FARC anunciaron, en tres puntos, el acuerdo sobre el fin del conflicto.

El primero de ellos, sobre el “cese al fuego y de hostilidad bilateral y definitiva y dejación de las armas”, contempla un mecanismo de monitoreo y verificación que implementará la ONU, 6 meses después de que las FARC hayan dejado las armas.

Pese a que el acuerdo establece 23 zonas y 8 campamentos para la concentración de los desmovilizados y que contarán con un sistema de monitoreo permanente, me preocupa ubicación de los lugares, el alcance de su transitoriedad y su autonomía.

“Garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales” es el segundo punto del acuerdo en el que se propone la creación de una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General de la Nación y una Comisión Nacional de Garantía de Seguridad para el diseño de políticas públicas y el desmantelamiento de todas las organizaciones criminales.

El tercero y último es el “acuerdo sobre refrendación” en el que las FARC se comprometen a acoger la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre el plebiscito en los términos y requisitos que ella misma señale. Y con él queda en el ambiente la sensación de que las FARC quieren -por fin- hacer parte de un Estado y acogerse a sus normas. Y la verdad, de eso se trata todo esto, de ponerle término a una guerra tan sangrienta y tan costosa.

Los colombianos tenemos ahora un compromiso mayor: apoyar a través del plebiscito el esfuerzo que ha representado para el país y las instituciones un proceso que ya cumple 4 años. Respaldar con el SÍ la paz que tanto hemos buscado y tanto nos merecemos.

El gobierno, por su parte, deberá emplear todas las herramientas y recursos necesarios para que el 100% de los ciudadanos conozcamos el alcance de los acuerdos y con ello se puedan esclarecer aquellas versiones que pretenden confundir.

El último día de la guerra, y el primero en camino de la paz no conoce partidos, nombres, estratos, religión o credo alguno.

El último día de la guerra, como el primero de la paz nos pertenece a todos, pero sobre todo a las nuevas generaciones.

 

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ENTRE REJAS

 La situación carcelaria en nuestro país exige pasar del simple debate a la acción.

Una de las razones de ser de los congresos es ejercer control sobre la gestión del Gobierno, es decir, vigilar el actuar de los funcionarios del Estado en el cumplimiento de las leyes y de la Constitución.

Semanalmente hay citaciones y debates de control político, pero su efectividad no deja de preocuparme porque además de que los ejercicios de fiscalización se repiten, no pasa nada más y la problemática perdura. Un ejemplo de ello ha sido el recurrente debate para analizar la situación penitenciaria y carcelaria en Colombia.

Según reporte de la sección de relatoría del Senado, el primer debate que se hizo sobre el tema carcelario fue el 5 de mayo de 1998 y a la fecha la situación no ha mejorado. El Congreso lleva citando a funcionarios sin resultados aparentes. Nada ha cambiado y todo está peor.

La situación es siempre la misma: el hacinamiento, las enfermedades y la deficiente atención primaria de salud a los presos no sólo se mantienen, sino que se agravan. De hecho, de los 16.045 internos que están recluidos en las cárceles en la Costa, 524 sufren de varicela, tuberculosis, SIDA y enfermedades psiquiátricas. En la cárcel La Vega de Sincelejo, por ejemplo, hasta el 7 de marzo de este año se reportaban 180 casos reportados de varicela por contagio.

La delincuencia en las cárceles aumenta y de igual manera la necesidad de reestructurar el INPEC y acabar con la corrupción de sus funcionarios. La función resocializadora de la pena no existe, parece función “criminalizadora”.

Todos estos problemas suficientemente diagnosticados, a lo largo del tiempo, no han tenido remedio alguno. Algunas cifras: entre enero de 2014 y marzo de 2016, el índice de hacinamiento de la población privada de la libertad, en los 136 establecimientos de reclusión, pasó de 52,9 % en 2014 a 53,9% en 2015, y en lo que va corrido de 2016 el promedio es de 55,5%.

Es momento de trazar políticas claras que ofrezcan una solución pronta y eficaz al problema carcelario. Empezando por la política criminal y la cárcel como última ratio. Los colombianos necesitamos que a nuestros presos se les garanticen condiciones dignas de reclusión, que se invierta en la infraestructura de todas las cárceles del país, que se promueva la profesionalización de los guardas penitenciarios, y que se procuren para ellos mejores salarios. Las cárceles no pueden convertirse en el vehículo de la impunidad y de violación sistemática de los derechos humanos.

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¿Si no es ahora, cuándo?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro encarna, como ninguno otro, las peores características que puede tener un jefe de Estado.  Basta dar una mirada a la “Ley del Plan de la Patria (2013-2019)”, un plan de gobierno en el que plantea 5 grandes objetivos “históricos”.

Defender, expandir y consolidar la independencia nacional, el primero de sus propósitos, no tiene –desde mi punto de vista- ningún asidero, pues nuestro hermano país nunca ha estado en riesgo de perder su independencia.

En su segundo objetivo planea asegurar más seguridad social, más estabilidad política y más felicidad. Todo ello en el papel porque nunca antes Venezuela había padecido tal desigualdad y por tanto, tal polarización. Hoy la mayoría del pueblo venezolano se pregunta ¿dónde está la seguridad social, la estabilidad política y su felicidad, si no les alcanza ni para un rollo de papel higiénico?

El mandatario atribuye la crisis económica y social de los países desarrollados a “los desequilibrios y contradicciones intrínsecas al sistema capitalista”, como si el problema, fuera ser capitalista y desde su propia casa nos evidencia que el problema no es el sistema, sino los desequilibrios y contradicciones de él como dirigente.

Como si fuera poco, en su tercera meta plantea “convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político”, cuando la realidad muestra que ha convertido a su país en potencial de violencia, con una desinstitucionalización insuperable y con cifras económicas insostenibles como la reportada por el FMI que en abril de 2016 pronosticó una inflación del 700% para lo que queda de 2016 y de 2200% para el próximo año.

En el cuarto punto el “gobierno bolivariano y socialista”, propone avanzar en la imprescindible tarea de garantizar “la paz del mundo, la paz en Venezuela”. Cómo puede concebir el mandatario, paz en Venezuela cuando persigue y oprime a la oposición, coarta la libertad de expresión, usurpa la propiedad privada, limita a sus ciudadanos en el uso de su propio dinero y, peor aún, los priva del abastecimiento mínimo de los productos básicos de la canasta familiar.

En el último punto sostiene “la defensa de un nuevo modelo de desarrollo social, ecológico y socialista, como la única alternativa planetaria para garantizar la vida”. Olvida el presidente Maduro que no puede existir desarrollo integral si descuida a su pueblo. Hoy los venezolanos no tienen acceso a medicamentos y su derecho fundamental a la salud es sistemáticamente violado debido al cierre de frontera y las deudas con los proveedores.

Si no es ahora, ¿cuándo será el momento para que la comunidad internacional reaccione a favor del pueblo venezolano?

 

 

 

 

 

 

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