Experto en justicia criminal de los Estados Unidos, envía estas reflexiones al Notiloco.

El narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ya no son delitos transnacionales y se convierten en delitos políticos avalados por la comunidad internacional

Por: Danilo Lugo   United States Criminal Justice Crime Prevention Programme  U.S. InterAmerican Community Affairs – International Division

Siempre me prometí a mi mismo, nunca hablar o intervenir en política, ya que lo que yo hago es la prevención del crimen y la violación de la ley.

Pero, pese a mi lucha interior con sentimientos encontrados, pudo más el sentido de justicia que mis convicciones acerca de la política.

El acuerdo de paz firmado por Colombia y el grupo terrorista de la FARC EP, avalado por organismos internacionales y según el gobierno de Colombia por “el mundo entero” marca una pauta en la lucha contra el crimen internacional organizado y de un plumazo, nos deja sin argumentos para seguir adelante con nuestros programas sin poder dar explicaciones que no tenemos y que contradice lo que hemos sustentado con vehemencia durante las ultimas 2 décadas.

Desde 1986 la tipificación del delito de “lavado de dineros y activos” ha tenido diversas interpretaciones y una de ellas, la más arraigada de todas esas características, fue que para poder tipificar el delito de lavado de dinero había que tener un “delito conexo” como el narcotráfico…. Esto quedó como grabado en piedra y todos los países del mundo interpretaron así en sus propias leyes. Incluso hoy en día existen países que aun tienen como precepto histórico que para poder tipificar el delito, debe haber un delito precedente y/o. conexo con la droga. Posteriormente, se modificó este concepto y se tipificó el lavado de dinero y activos, como todo producto o ganancia proveniente de actividades delictivas,  cobijando así, delitos como la corrupción publica y administrativa, el fraude, el trafico de armas el trafico internacional de personas y cualquier otro delito, ampliando así el concepto de criminalización del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

En 1995, durante la quincuagésima asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York, se hizo un énfasis muy especial en los delitos mas graves del mundo y la resolución de la ONU, por primera vez se pronunció, denunciado el lavado de dinero y activos como un delito que también servia para el financiamiento del terrorismo. Es decir se hace un anexo al lavado de dinero / financiamiento del terrorismo lo que obligaba por medio de esa resolución, a los países miembros, a identificar a empresas de “fachada”  y a personas individuales, sus ejecutivos y asociados, que estuvieran involucrados en delitos financieros, a bloquear sus actividades, y también a negar visas de entrada,  asilo y refugio a individuos sospechosos o convictos de crímenes denominados amenaza para los estados miembros…

Inmediatamente después de esta resolución de la asamblea general de la ONU, el presidente de los Estados Unidos Bill Clinton emitió la orden ejecutiva 12978 denominando a los “kingpin” cabecillas del narcotráfico, como personas bloqueadas para hacer negocios con Estados Unidos, se designó entonces al Departamento del Tesoro (U.S. Department of Treasure) y a FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network) para hacer un listado de empresas, entidades, organizaciones, instituciones, grupos y personas individuales, que tuvieran antecedentes o vínculos  con el  narcotráfico.

Este fue el origen de la famosa “lista Clinton”, también conocida como la lista OFAC, Office of foreing assets and control) que emite y actualiza la oficina de activos extranjeros y control del Departamento del Tesoro en Washington.

Fue tanto el impacto de esta lista que posteriormente se agregaron otros componentes y justificaciones para que se incluyera también cualquier organización, empresa, o persona individual que pudiera representar una amenaza para los Estados Unidos y que aunque no fuera convicto o condenado por delito alguno, la sola sospecha, indicio o vinculación, con grupos terroristas, mafiosos, envueltos en crimen internacional organizado, como el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, quedaría “bloqueado” para hacer negocios con ciudadanos norteamericanos o empresas estadounidenses y además con el agravante que no seria elegible para entrar a los Estados Unidos.

Este precedente histórico desde 1995 sigue vigente hasta la fecha y se fortaleció mucho más, con los atentados de las torres gemelas en 2001. Este hecho que estremeció lo más profundo de la sensibilidad de los norteamericanos y del mundo pues nunca el territorio continental había sido atacado por un grupo terrorista, o al menos nunca se había documentado y que causó mas de 3 mil victimas en Nueva York, Washington y Pensilvania, puso de relieve que el terrorismo era el gran protagonista de nuestra era y la amenaza constante para occidente.

La respuesta no se hizo esperar por la comunidad internacional, y de inmediato se convocó el concejo de seguridad de la ONU en Nueva York, que se declaró en sesión permanente.

El Concejo de Seguridad emitió la resolución 1373, con fuerza de ley y de implementación inmediata para los 193 países miembros, se trata de la ratificación de la ONU contra el financiamiento del terrorismo tipificando así nuevamente lo acordado en 1995 en la quincuagésima asamblea general.

Estados Unidos, esta vez como victima del terrorismo, y no como observador del terrorismo en otros países, como era es y siempre ha sido el caso de Colombia.

En tiempo record y en escasas dos semanas, legisló,  aprobó y puso en efecto la mas estricta y severa ley en contra del financiamiento del terrorismo y toda clase de delitos financieros y actividades en contra de la seguridad nacional de los Estados Unidos, esta ley, es la Ley U.S.A. Patriot Act 2001.

La filosofía y el espíritu de la ley patriótica de los Estados Unidos reza en su primer articulo: “Fortalecer y unir a los Estados Unidos, proveyendo las herramientas adecuadas para combatir el terrorismo” y posteriormente en el titulo III, hay mas de 300 artículos o acápites todos enfocados a regular y endurecer el código penal norteamericano en cuanto a los delitos financieros y que podrían representar el financiamiento del terrorismo.

Ver Hipervínculo de esta ley:

http://interamerican-usa.com/articulos/Leyes/US-Patriot%20Act.htm

Esta ley, fortaleció el “Plan Colombia”, una ayuda aprobada por el Congreso de los Estados Unidos y que permite el envío  de fondos en dinero y equipos militares, capacitación y logística para el combate a las drogas en ese país, pero que estaba de alguna forma restringida para ser utilizada en el combate a la guerrilla por considerar que seria un intervención en asuntos internos de Colombia.

Al ser declarado el grupo guerrillero de las FARC, como un “grupo terrorista internacional” y además el “cartel del narcotráfico mas grande y organizado del mundo”, por la comunidad internacional incluso por las mismas Naciones Unidas, El Congreso de los Estados Unidos, autorizó entonces el uso de estos fondos consistente en miles de millones de dólares o un promedio de mas de 700 millones por año, desde la administración del presidente Pastrana, para el combate a este grupo y otros grupos similares en Colombia,  después de sufrir en su propias entrañas lo que es ser victima del terrorismo, y además de que sus propios ciudadanos fueran secuestrados y torturados, como lo fue el caso de los 3 estadounidenses Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves quienes estuvieron en poder de las FARC desde febrero 2003 hasta Julio 2008 en las selvas colombianas, sometidos junto a cientos otros secuestrados a las mas terribles vejaciones, encadenados por el cuello y los pies amarrados a los árboles, durmiendo a la intemperie y hasta en campos de concentración estilo nazi en jaulas o alambrados de púas para que no se fugaran, además de otros incidentes con ejecutivos de empresas multinacionales en Colombia.

Este dinero de los estadounidenses producto de los impuestos federales que todos pagamos se ha perdido totalmente, pues incluso el cultivo de la coca se ha incrementado y hasta se ha triplicado en la región y en las selvas de Colombia según el ultimo informe de las Naciones Unidas, contra el trafico de drogas.

Ante estos hechos irrefutables, me pregunto lo siguiente:

¿Este acuerdo de paz que esta avalando el gobierno de los Estados Unidos, realmente favorece los intereses norteamericanos…?

Es cierto que todos, sin excepción queremos que haya paz en Colombia, y que no haya ningún secuestrado, ni muerto ni narcotráfico, tampoco actos de terrorismo. Pero… la realidad esta bastante clara….

El presidente Barack Obama, fue asaltado en su buena fe y su ingenio de creer, que negociar con estos lideres de las FARC muy experimentados en negociaciones anteriores fracasadas,  favorecería a los Estados Unidos.

Fue nombrado el enviado especial de Estados Unidos Bernard Aronson, a la Habana en calidad de observador, para que emitiera informes y criterios sobre lo que seria este negociado con respecto a los EE.UU.

Sin embargo o no se dio cuenta o no se percató de que este acuerdo violaba los articulados de la ley patriótica de los EE.UU. y marcaba un peligroso precedente, en la política de justicia criminal de los norteamericanos.

En este país, funciona la jurisprudencia y todos los casos se basan en casos precedentes.

En nuestro Sistema Judicial Acusatorio, no existe el perdón con impunidad, existe la negociación de cargos, y Estados Unidos tiene pedidos en extradición a muchos de los cabecillas y jefes de escuadrones de este grupo guerrillero-terrorista-narcotraficante.

Entonces que tendríamos que hacer si de verdad avalamos oficialmente este acuerdo?

Simplemente anular estos pedidos de extradiciones y cerrar los casos pendientes, violando así nuestras propias leyes y pasando por encima de lo más sagrado que es la independencia de poderes del ejecutivo sobre el poder judicial.

Lo más grave de todo esto, es que prácticamente, estamos marcando un nuevo rumbo de cómo seria la política criminal de los Estados Unidos en cuanto a los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, porque no tenemos autoridad legal ni moral para reprimir a otros narcotraficantes, carteles de la droga como los mexicanos, y grupos terroristas como ISIS y el Estado Islámico,

¿Como se le explicaría esto al pleno del congreso en caso tal que haya una investigación posterior por esta decisión de avalar un acuerdo sin cumplir el requerimiento principal acordado en la resolución 368 de abril 2016 del Senado de Estados Unidos que emitió un mandato claro al presidente, que era que “El Presidente Obama tendría que establecer mecanismos de cooperación con Colombia, para que en este acuerdo con las FARC se garantizara que los responsables de delitos atroces y secuestro en contra de ciudadanos de ambos países, rindan cuentas y sean castigados en forma apropiada”?

Aquí una traducción literal de la resolución del senado emitida el 27 de abril de 2016:

Resumen: S.Res.368 – Congreso de los Estados Unidos número 114 (2015-2016)

Aquí se presenta:

Se Aprobó la medida sin modificaciones (27/04/2016)  Abril 27,  de 2016

(Esta medida no se ha modificado desde que se introdujo. El resumen ampliado del Senado entregó esta versión que se repite aquí.)

“…Reafirma el apoyo del gobierno (Entiéndase, mandato al presidente  Barack Obama)  y pueblo de los Estados Unidos (Entiéndase, el Congreso que representa al pueblo norteamericano)  para el pueblo de Colombia en su búsqueda de la paz….”

“….Elogia los esfuerzos para poner fin al conflicto armado interno de Colombia…”

“…Mantiene el compromiso del Senado para las víctimas del conflicto armado en Colombia e insta a las partes en las negociaciones para forjar un acuerdo que exija rendir cuentas a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y asegura que los mismos sean debidamente castigados…”

“…Alienta al Departamento de Estado para desarrollar una estrategia global para garantizar la implementación exitosa de un posible acuerdo de paz en Colombia que este avalada por los colombianos…”

“…Reafirma el compromiso del Senado a la continua alianza entre Estados Unidos y Colombia en temas de seguridad mutua, incluida la cooperación antinarcóticos, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional,  y garantizar la aplicación de la justicia para aquellos que han causado un daño indeleble para nuestras poblaciones. (Entiéndase de ambos países)

Estados Unidos reconoce y acepta su corresponsabilidad en caso colombiano al ser un país altamente consumidor de drogas, por eso las ayudas en dinero efectivo y apoyo incondicional al gobierno colombiano, no como otros países que el apoyo es moral o de palabra pero no se meten la mano al bolsillo para desembolsar dinero para ayudar al pueblo colombiano en su solitaria lucha contra este flagelo y que ha puesto también miles de muertos por causa de esta guerra contra las drogas.

El texto completo del acuerdo siempre estuvo en la mas estricta reserva y secreto y solo hasta el 26 de Agosto 2016, se hizo publico, con cerca de 300 paginas y miles mas de anexos, es imposible de entender y analizar en una sola leída. Por supuesto siempre se creyó en la buena fe de ambas partes el gobierno de Colombia y los negociadores de las FARC, pero al final el texto es muy distinto a lo que “todos los países del mundo” y los Estados Unidos han apoyado desde el principio de las negociaciones.

La pregunta es; ¿porque se mantuvo el texto completo del acuerdo en estricto secreto hasta el 21 de Septiembre de 2016 solo hasta 5 días antes del plebiscito de refrendación de los colombianos?

O, más bien, ¿Porque no se publicó el acuerdo con tiempo suficiente para que los interesados en el tema, tanto el pueblo colombiano como los países que fueron invitados a apoyar este acuerdo, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales tuvieran tiempo  de entender el alcance y así avalar con plena legitimidad y sin ninguna objeción el acuerdo de paz?

En el mismo caso se encuentra el Sr. Ban Ki-Moon secretario de las Naciones Unidas quien apenas recibió el texto completo del acuerdo el 21 de Septiembre 2016 a los pocos días de su firma con las FARC el 26 de Septiembre en Cartagena.

No quiero pensar en que haya habido mala fe por parte del gobierno de Colombia.

Pero es que, todo indica que han ocultado información muy valiosa e importante para que la comunidad internacional y los verdaderos interesados en este acuerdo, siendo victimas como es el caso de los Estados Unidos, que ha sido protagonista del trasiego de drogas, narcotráfico, crimen organizado, y que hasta sus propios ciudadanos hayan sido secuestrados por este grupo insurgente, tenían el derecho a saber como se estaba negociando y antes de pedir un aval, se sometiera al escrutinio de las partes interesadas y no al secretismo con que se manejó todo este acuerdo.

Se han confundido las cosas; una cosa es un apoyo de los Estados Unidos a una negociación de un acuerdo de paz, y otra cosa muy distinta es un Aval de EE.UU. a este acuerdo firmado que viola gravemente las leyes norteamericanas en su extraterritorialidad, como es el caso de la LEY U.S.A. Patriot Act.

A continuación detallo algunas incongruencias, de este acuerdo de paz que riñen con las leyes internacionales, las resoluciones de Naciones Unidas, la Ley U.S.A. Patriot Act y hasta la Corte Penal internacional.

1- Que los miembros de la cúpula de poder de las FARC, y los guerrilleros de base no pagaran ni un solo día de cárcel, no importa la clase delitos que hayan cometido, así hayan sido convictos y acusados de delitos atroces y de lesa humanidad.

Esto implica, lógicamente que los que están encarcelados en Colombia y demás países actualmente, tendrán que ser liberados, y exentos de toda culpa.

En lo referente a Estados Unidos que es mi ponencia, esto va en contravía de la resolución del Senado descrita anteriormente.

¿Será entonces que Simón Trinidad, un guerrillero de alto perfil de las FARC que esta condenado y sirviendo una sentencia de 60 en la prisión federal de máxima seguridad “Florence” en el Estado de Colorado USA. Por el secuestro de los 3 estadounidenses, según el aval oficial del gobierno de los EE.UU. tendrá que ser amnistiado y liberado?

Esta ha sido una constante reclamación de las FARC, para su negociación

Esto esta pautado fuera de la constitución política de Colombia,  y aunque no soy experto en la justicia colombiana, y de hecho me declaro sin autoridad para opinar sobre los asuntos internos de este país, si considero que a la luz de la justicia penal internacional hay que leer detenidamente el acuerdo para entender la verdadera dimensión en el ámbito mundial.

En Colombia se ha abierto una ventana llamada “Justicia Transicional” es decir solo para ventilar este acuerdo y aplicar la ley, en una forma exclusiva para este caso. Y además se formará el “tribunal especial” que no tiene límites en el tiempo y podrá revisar casos anteriores y posteriores al conflicto. Esta Corte, tribunal o este proceso judicial estará por encima de todas las instituciones de la justicia colombiana, es decir será autónoma y superior a las partes homologas, lo que quiere decir que prácticamente sus decisiones serán inapelables y definitivas y ser la encargada de aplicar la ley para los protagonistas del conflicto armado de Colombia, solamente con el reconocimiento de un hecho o varios hechos y que se acojan a la ley de justicia y paz, con esto sellan definitivamente su caso y pasaran a gozar de los privilegios del retiro de su vida como guerrilleros y recibir cuantiosas ayudas económicas del estado colombiano incluso un monto significativo para empezar un negocio propio.

2- Que los guerrilleros y la cúpula del poder de las FARC, puedan participar en política, pese a que la actual constitución, prohíbe tácitamente que personas con delitos de lesa humanidad puedan ser elegidos

Esto ni más ni menos implica que dentro del acuerdo con las FARC, el gobierno de Colombia les otorgará por designación varias curules en el congreso o parlamento sin necesidad de ser elegidos con voto popular.

3- Que el delito de narcotráfico, y todas sus implicaciones, como los son el lavado de dinero procedente del narcotráfico, el financiamiento del terrorismo, porque lógicamente las FARC son denominadas un grupo terrorista y narcotraficante. Sea denominado o considerado “delito conexo” como parte legitima de financiación para su guerra contra el Estado Colombiano.

Esta ha sido una constante reclamación de las FARC, para su negociación

Esto, de por si derrumba toda la política de Justicia Criminal de los Estados Unidos y de todos los países miembros de Naciones Unidas y también del grupo de acción financiera internacional GAFI, que emite las 49 recomendaciones y que evalúa país por país, el cumplimiento de las leyes antilavado.

Yo, Danilo Lugo, autor de este articulo y con toda la sensatez y experiencia y responsabilidad que me han dado mas de 20 años, como conferencista internacional e instructor de Justicia Criminal, para instituciones oficiales, gobiernos, entidades publicas y privadas, y en especial en el tema de la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, crimen organizado y delitos transnacionales, y que he recorrido decenas de países con esta temática, no puedo ser indiferente ni mucho menos quedarme en silencio ante esta “aberración jurídica” que marca un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y el crimen internacional organizado.

Esto esta pautado fuera de la constitución política de Colombia,  y aunque no soy experto en la justicia colombiana, y de hecho me declaro sin autoridad para opinar sobre los asuntos internos de este país, si considero que a la luz de la justicia penal internacional hay que leer detenidamente el acuerdo para entender la verdadera dimensión en el ámbito mundial.

De nuevo reitero, que Estados Unidos, las Naciones Unidas, y la comunidad internacional, confiaron en “la buena fe” de las negociaciones en la Habana, pero seguramente no midieron el alcance de este acuerdo final que apenas si se conoció a pocos días de oficializar la firma en Cartagena cuando no han tenido tiempo de revisarlo y verificar si se ajusta o no a derecho internacional  como lo interpreta el gobierno colombiano.

Entonces; si realmente el gobierno colombiano hubiera tenido a bien enviar el pre-acuerdo, tanto al gobierno de los EE.UU. y las Naciones Unidas, y a la Corte Penal Internacional con estos preceptos, seguramente que hubieran revisado y las posibles consecuencias y sugerido algunos cambios fundamentales.

4- Que las FARC, hayan ocultado toda su fortuna que según los expertos y publicaciones, asciende a mas de 10 mil millones de dólares, esas ganancias producto de la comercialización de drogas, lavado de dinero, y otros delitos en su trasegar como grupo armado, esto claramente demuestra que no tienen voluntad de reparar a las victimas, ni mucho menos someterse a la justicia, estos dineros deben estar en manos de testaferros, y en forma de activos alrededor del mundo y estarían sujetos a confiscación y extinción de dominio. Esto debería haber sido una condición implícita dentro la  negociación.

5- Que el acuerdo para la Paz, debió contar primeramente con el aval de la Corte Penal Internacional también conocida como el estatuto de Roma o por lo menos con el asesoramiento legal de este tribunal internacional del cual Colombia es adscrito.

La Corte penal Internacional se estableció precisamente para este tipo de casos, y es juzgar a individuos, que su país no puede hacerlo o se niega hacerlo y estos delitos son crímenes transnacionales, que no prescriben. Delitos de lesa humanidad, asesinato, privación grave de la libertad física (secuestro), violación esclavitud sexual, esterilización forzada, desaparición forzada, crímenes de guerra, uso de armas no convencionales contra la población civil indefensa etc.

Ante estos hechos ya acordados y apoyados por la comunidad internacional (recalco) no avalados oficialmente, a futuro deberán haber cambios sustanciales en la política de justicia criminal, pues criminales de todas las pelambres, van reclamar su derecho a ser amnistiados, a ser elegidos a cargos políticos y ser nombrados con cargos diplomáticos, como ya existe un antecedente muy grave del expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano, que fue implicado en el proceso 8000 por haber recibido dinero del narcotráfico.

Este presidente fue denominado persona no grata para el Departamento de Estado de los Estados Unidos y le fue cancelada su visa.

Durante muchos años fue excluido de este país, sin embargo al ser nombrado como secretario de Unasur, con la bendición del extinto presidente de Venezuela Hugo Chavez, de este organismo intergubernamental de los países de Suramérica, adquirió la investidura diplomática de su cargo y entró de nuevo a los Estados Unidos invitado por el secretario general de la ONU Ban Ki-Moon bajo esa figura internacional, prácticamente una bofetada en la cara a los norteamericanos.

¿Que seguirá entonces después de este acuerdo?

La respuesta para mi concepto es muy difícil de predecir, aun estamos en la etapa del optimismo y el deslumbramiento de que el conflicto armado y la guerra fratricida en Colombia se acaba después de mas de 50 años y mas de doscientas mil victimas, y miles y miles de millones en perdidas de infraestructura.

Los más optimistas vislumbran un país lleno de riqueza, progreso, en paz y armonía, donde los colombianos vivirán felices y por fin, se conseguirá el sueño de estas generaciones de vivir con un futuro asegurado de bienestar y tranquilidad.

Los más pesimistas, ven otro acontecer mas realista sin caer en el fatalismo, pero de acuerdo a las circunstancias y experiencias anteriores, se ha demostrado que los jefes guerrilleros, serán los únicos que gozaran de todos los privilegios del Estado. “Volverán a nacer de nuevo” puesto que el gobierno de Colombia les expedirá una nueva cedula con nueva identidad, y por supuesto totalmente limpia cristalina y transparente, sin antecedentes criminales y con luz verde para viajar por el mundo sin temor de ser juzgados por ninguna Corte, incluso la Corte Penal Internacional y muy seguramente que hasta con investidura diplomática y hasta con visado oficial para entrar a los Estados Unidos en misiones oficiales, y con derecho a discursar en las Naciones Unidas.

En este orden de cosas, criminales convictos y confesos como es el caso del sicario más sanguinario del cartel de Medellín y mano dura de Pablo Escobar, quien ha admitido públicamente que asesinó por propia mano a mas de 250 personas y participó en la planificación de cientos de atentados dejando miles de muertos, pero que  si pagó 23 años de cárcel, tendría perfecto derecho a exigir, (Como ya se pronunció públicamente) de igual forma ser elegible para cargos públicos como el Congreso de Colombia al amparo de la “Justicia Transicional” este nuevo modelo de aplicación de la ley “made in Colombia”.

Según publicaciones de prensa de Colombia, los jefes negociadores de las FARC, no tienen control absoluto de todos sus frentes, ya se han declarado varios frentes guerrilleros en disidencia, y estos, los más sanguinarios y cultivadores de drogas y con rutas para comercializar el producto, es más, se comenta que están negociando con el segundo grupo guerrillero ELN, su fusión, fortaleciendo así de nuevo la insurgencia en Colombia.

Este Grupo ELN (Ejercito de Liberación Nacional) también ha sido llamado por el gobierno a sentarse en una mesa de negociación y ellos muy dignos no han aceptado, quizás esperando los resultados de esta negociación ventajosa para las FARC, y ahora después de estos acuerdos, seguramente que se harán sentir con mas atentados contra la infraestructura del país, mas secuestros, mas asesinatos, mas extorsiones a sabiendas que podrán salir en un proceso totalmente limpios y sin tener que pagar por sus crímenes y además con dinero por parte del Estado Colombiano, esto es lo que marca un precedente histórico y que ellos sabrán negociar inclusive pidiendo mas y mas a un estado complaciente y dispuesto a negociar con desventaja después de 4 años con las FARC, por agotamiento.

¿Y que va a pasar con el narcotráfico?

Ya sabemos que Colombia volvió al primer lugar de productor de hoja de coca en el mundo, y por supuesto que florecerán los laboratorios para el procesamiento de cocaína, pues el negocio es más rentable que nunca.

Todo este tiempo del cese al fuego bilateral y la suspensión de la aspersión de glifosato para erradicar los cultivos, las FARC lo aprovecharon para aumentar sus cultivos y comercializar este producto  y fortalecer sus tropas.

Entonces es una fabula pensar que al terminar “La guerra” con las FARC, también se terminara con el narcotráfico.

Triste panorama para el sufrido pueblo colombiano y de paso para los países que han confiado en este proceso de paz de “Buena fe”, pero que tendrán que seguir apoyando, porque el crimen internacional organizado no esta derrotado, solo cambia de brazalete y de modalidad y el uniforme camuflado de la selva, por trajes satinados y de corbata y calzado de piel de marcas internacionales, y los títulos que antes eran “apodos” o “alias” por señores honorables diputados y empresarios de éxito.

Quiero dejar muy en claro mi apoyo al pueblo colombiano y su lucha por la paz de Colombia, porque esto también beneficia a los Estados Unidos y al mundo.  También a la buena intención de los negociadores de este acuerdo. Pero si tengo que dejar mi testimonio de reflexión con respecto a las leyes y tratados internacionales, que este acuerdo como esta pautado será cuestionado incluso por los mismos senadores y congresistas norteamericanos que lo apoyaron

Sobre el Autor:

Danilo Lugo – Experto en Justicia Criminal, dicta conferencias internacionales, cursos, y seminarios sobre prevención de lavado de dinero y activos y financiamiento del terrorismo, gobierno corporativo, auditoria financiera investigativa forense, delitos económicos y financieros, trafico internacional de personas. Actualmente es director de la division internacional de U.S. InterAmerican Community Affairs, y miembro en funciones de U.S. Criminal Justice Crime Prevention Programme.

www.interamericanusa.com

 

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