Tal como se esperaba, el presidente Iván Duque aplicó la facultad de objetar parcialmente, por inconveniencia, la Ley Estatutaria de la JEP.

En una alocución trasmitida a todo el país, el mandatario anunció que vetó 6 artículos de los 159 que conforman esa norma. Como consecuencia, la Ley volverá al Congreso para que sea el Legislativo el que determine si avala las objeciones y por lo tanto modifica la estatutaria, o las niega. En tal caso, quedarían vigentes las reglas de juego a las que ya les dio su aval la Corte Constitucional.

Según dijo el mandatario, al objetar la ley «está simplemente ejerciendo una potestad prevista en la Constitución y, por este medio, aportando a un proceso de construcción normativa en el que ya han actuado el Congreso, al aprobar el texto, y la Corte Constitucional, al revisarlo para verificar que fuera compatible con la Constitución».

«Las objeciones -dijo el Presidente- formuladas son exclusivamente de conveniencia: en opinión del Gobierno, varios artículos del Proyecto son inconvenientes para el país, en la medida en que, o bien pueden conducir a situaciones de impunidad, o bien permitirían que se abuse de los beneficios contemplados en el Acuerdo Final».

El primer artículo en ser objetado es el número 7, porque, según indicó el mandatario «no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas». «Los colombianos debemos tener claro la importancia de precisar que los victimarios deben adelantar una reparación material con sus bienes y activos que satisfaga a las víctimas», precisó el mandatario.

Así mismo, consideró «inconveniente» el inciso octavo del artículo 63, «porque no determina el alcance de la competencia atribuida al Alto Comisionado para la Paz para verificar la lista de quienes son reconocidos como miembros de los Grupos Armados que se sometan a un proceso de paz».

El presidente Duque también pidió la revisión del parágrafo 2 del artículo 19, en este se «trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables». «Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad».

El Gobierno acogió varios de los reparos planteados por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, según los cuales algunos artículos de la Ley Estatutaria estaban generando vacíos legales que iban contra los derechos de las víctimas.

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EL TIEMPO