Congreso le da el empujon final a la paz con las Farc

Lo aprobación definitiva en el Congreso de la reforma constitucional para blindar jurídicamente los acuerdos de paz y convertirlos en leyes es, ni más ni menos, la garantía del Estado colombiano de que cumplirá con los pactos de La Habana.

Y es así, porque lo votado el miércoles por una mayoría rotunda en el Legislativo trasciende al gobierno del presidente Juan Manuel Santos e involucra a todos los poderes públicos.

El peso político de lo aprobado por el Congreso lo dio el mismo presidente Santos el viernes en Córdoba al decir que es el instrumento “para garantizar el cumplimiento de la palabra empeñada”. No solo con las Farc sino también con la parte del país más golpeada por la guerra.

Ese contundente compromiso del Estado colombiano con los acuerdos de paz era la certeza que les estaba haciendo falta a las Farc de que, en el futuro, ningún poder público podrá desconocerlos.

Esto, por supuesto, siempre y cuando esta guerrilla cumpla con su parte.

La reforma constitucional votada esta semana, además de darle nivel de Acuerdo Especial a los pactos con las Farc y de incluir tiempos reducidos para hacer las leyes de la paz, asegura un plan de inversiones a 20 años para las zonas que más han sufrido el conflicto.

En otras palabras, es el empujón definitivo para que el Gobierno y las Farc concluyan en La Habana la negociación del punto del fin del conflicto, que planean anunciar pronto.

En este tema, las partes están definiendo el cronograma preciso de la dejación de las armas de la guerrilla.

“Con lo aprobado por el Congreso, las Farc ya no pueden argumentar que no hay garantías para dejar las armas”, afirma una persona cercana al proceso de paz.

Los tiempos

Así como está claro que la implementación de toda esta legislación solo será posible cuando los colombianos hayan refrendado los acuerdos de paz en las urnas –el Gobierno espera que mediante el plebiscito–, es un hecho que las Farc no van a comenzar a dejar las armas hasta que los votantes no les hayan dado el ‘Sí’ a los pactos de La Habana.

Sin embargo, se espera que, en un gesto de paz, mientras avanza el proceso de refrendación, las tropas guerrilleras se concentren en las zonas campamentarias acordadas con el Gobierno para la verificación del cese bilateral del fuego.

La Registraduría ha pedido 70 días para organizar la consulta a los colombianos sobre los acuerdos de paz, contados desde el momento en el que el presidente Santos la convoque.

Según la ley, los acuerdos con las Farc deben hacerse públicos al menos 30 días antes de la refrendación para que los colombianos los conozcan y sepan qué van a votar. Este plazo puede correr de manera paralela al que pidió la Registraduría.

Por esto, sincronizar los tiempos de la institución electoral con los que marca la ley para la refrendación y con los de la firma del acuerdo final de paz en La Habana es el gran desafío logístico para el Gobierno.

Un escenario hipotético, considerado por funcionarios de la Casa de Nariño, es que si la Corte Constitucional le da vía libre al plebiscito en julio y en agosto se firma la paz, la refrendación podría darse en septiembre. En este mes, entonces, comenzaría el desarme de las Farc.

Todo esto, siempre y cuando se cumplan esos tiempos y el grupo guerrillero acepte el mecanismo de refrendación, que es parte de la negociación del último punto de la agenda.

Lo que es un hecho es que el Gobierno está actuando con urgencia y que los ministerios involucrados en los acuerdos de paz ya trabajan en los borradores de las leyes que pondrán en marcha lo pactado con las Farc.

Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, ya casi tiene listo el proyecto de ley que crea el Fondo de Tierras para distribuir entre los campesinos más pobres.

En lo mismo están otros ministerios. El del Interior elabora el borrador de la ley que crea las circunscripciones especiales en la Cámara para las regiones más golpeadas por la guerra.

Y el de Justicia trabaja en el proyecto para la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, junto con el de Defensa, elabora el proyecto que determina el tratamiento que se dará a los cultivadores de hoja de coca.

Lo que se perfila una vez firmada la paz con la guerrilla de ‘Timochenko’ y cumplida la refrendación, es que el Congreso se dedique casi exclusivamente a las leyes que harán sostenible la paz con las Farc.