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Columna semanal del senador Juan Manuel Galan

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Marzo 05
15:38 2017
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PANDILLAS Y ABUSO DE SUSTANCIAS: QUÉ HACER?

Esta semana se conoció el número de pandillas en Colombia. Los registros indican que en Bogotá hay 107, en Medellín 90 y en Cali 105. Se trata de una problemática que afecta primordialmente a los jóvenes de nuestro país, sobre la que hay registros confusos de información y en la que el alcohol y otras sustancias psicoactivas son de uso generalizado. Por eso, mas allá de caer en lugares comunes sobre la necesidad de reprimir el uso de sustancias, es necesario abordar este fenómeno desde los problemas de seguridad y convivencia que generan.

En particular, el Instituto Nacional de Medicina Legal, afirmó que en la última década se han registrado 873 muertes por pandillas y 2.516 lesionados. El abuso de sustancias es uno de los detonantes en la violencia que generan las pandillas. Se requiere entonces una atención inmediata, pero pertinente. Los miembros de estos grupos juveniles no son necesariamente delincuentes, pero si son jóvenes que han crecido en ambientes de vulnerabilidad y son presas de la invitación de grupos criminales que les aseguran dinero, protección o sentido de pertenencia.

La tentación colectiva es recurrir al populismo punitivo, la cárcel no como última opción sino como primer recurso. Yo prefiero atacar las causas del pandillismo y no los síntomas. Es necesario responder con firmeza a los daños causados por este fenómeno pero al mismo tiempo, buscar caminos de inclusión. Aunque muchas voces se levantarán pidiendo recurrir a medidas populistas, efectistas e inmediatistas.

Una política de seguridad debe ser integral e incorporar a todos los actores responsables en la sociedad para una intervención a corto, mediano y largo plazo. La impunidad sin duda es otro detonante evidente en las conductas criminales y por eso antes de pensar en más leyes, lo lógico es cumplir las que ya existen. La institucionalidad debe recuperar autoridad y legitimidad pero también invertir decididamente en nuevos formatos de prevención y de educación, que mitiguen los riesgos de esta población, que garanticen permanencia en el sistema educativo y que atiendan el consumo problemático de sustancias.

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NO MAS LIDERES SOCIALES ASESINADOS ¿Qué significa ser defensor de derechos humanos en Colombia? Es cierto que, como resultado de los diálogos de paz, Colombia cuenta hoy con la tasa de homicidios más baja de los últimos 40 años, que se ha disminuido el desplazamiento armado, y que en general se han reducido las confrontaciones contra la población civil. Sin embargo, quienes denuncian con valentía problemas sociales y discursos de odio, siguen enfrentando amenazas, agresiones y asesinatos en todo el país.
En el reciente informe presentado por Amnistía Internacional, se observa que estas amenazas y homicidios se concentran especialmente contra líderes comunitarios y activistas ambientales. Por su parte, el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos –Somos Defensores, en su informe anual afirmó que, durante 2016, 481 defensores fueron víctimas de agresiones contra su vida e integridad o fueron presa de obstaculización de su labor.
Las agresiones que se le atribuyen al trabajo en favor de los derechos humanos, van desde robos de información hasta asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones, y violencia sexual.  El informe afirma que los sectores con más líderes muertos fueron los comunales (20), seguido de indígenas (15), campesinos (13), comunitarios (10) y afro (7).
Finalmente Pacifista, una plataforma digital administrada por la revista originalmente canadiense VICE, revela que en el 2016, 80 defensores, defensoras y líderes sociales fueron asesinados(as); 17 más que en 2015, es decir un incremento del 22% con respecto al año anterior y que adicionalmente, en 22 de los 32 departamentos de Colombia se presentaron homicidios contra defensores. Significa que en el 68% del territorio nacional ocurren casos de este tipo. Solucionar esta situación no es fácil, pero plantea la necesidad de aplicar acciones inmediatas. Empecemos por la urgencia de diagnosticar el problema.
Hoy el Estado Colombiano recoge información de organizaciones civiles como CINEP, CERAC, INDEPAZ, CCEEU, y MOVICE, entre otros.
Sin embargo, sus números varían constantemente debido entre otras cosas a las múltiples metodologías aplicadas de medición, generando incertidumbre y haciendo imposible documentar las muertes o amenazas contra defensores de derechos humanos, con precisión. Es urgente iniciar un sistema propio de información para tomar medidas eficaces y sobre todo oportunas.   Las personas que defienden los derechos humanos son personas con ansias de libertad y justicia para otros, por eso defenderlos, debe ser propósito de todos; porque ante el miedo de vivir en un mundo inhóspito, debemos asegurar que las voces valientes que reafirman nuestra humanidad sigan participando en la construcción de un nuevo país.
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