Columna semanal del senador Juan Manuel Galán

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CONEJO A LAS VÍCTIMAS

Esta semana se llevó a cabo en el Congreso de la República una citación al equipo negociador del Gobierno Nacional, para discutir el acuerdo final de paz. Durante el debate, la bancada del Centro Democrático expuso carteles en los que se leía »No al conejo».

Yo comparto plenamente esos carteles. Los comparto porque son un recordatorio histórico, de lo que han sido los procesos de paz en nuestro el país. Procesos plagados de «conejos», de incumplimientos y de faltas a los acuerdos logrados, que han generado desconfianza entre las partes negociadoras.

Durante los 50 años de esta guerra, siempre se han sostenido diálogos con las FARC. Hoy, por primera vez hemos logrado una negociación efectiva y un entendimiento común de que la vía de la lucha armada no es la ruta para llegar al poder, y que en las urnas, con los instrumentos de la razón y de la democracia, es como se legitima el cambio de rumbo en nuestra sociedad.

Ese día en el Congreso, hicimos un ejercicio de control político para verificar que los acuerdos negociados con las FARC no contrariaban los principios democráticos y del estado de derecho en nuestro país. En otras palabras, estábamos actuando como institución garante de los principios democráticos, de la constitución política y, ante todo, como garante de la no repetición.

La refrendación de los acuerdos de paz, no es un instante, no es un voto, no es una proposición ni un debate que se agote en 13 horas en un parlamento. La refrendación es un proceso. Un proceso que se extiende a la implementación y que incluye el debate de reformas sociales, la definición de prioridades de gasto público y sobre todo, la materialización de la garantía de no repetición.

No refrendar los acuerdos, hubiera significado «ponerles conejo» a las víctimas del conflicto armado en Colombia y a esas voces que se expresaron desde el Chocó y el Cauca. A ellas les estaríamos «poniendo conejo», si no refrendamos los acuerdos de paz y no avanzamos en su implementación.

Las cifras que tenemos en Colombia, solo son comparables con la tragedia que ha vivido la humanidad en la primera y la segunda guerra mundial. Ocho millones de víctimas, 250 mil directas, 35 mil desaparecidos. Estamos hablando de una tragedia humana que no tiene punto de comparación en el continente americano. Si no contribuimos con la refrendación y la implementación, tendremos como Congreso que asumir una responsabilidad histórica, por la muerte de tantos colombianos, porque teniendo nosotros un mandato y la posibilidad de salvar vidas,  los habremos condenado.

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DURO CON LOS DUROS SUAVE CON LOS DÉBILES

Aunque la suerte de nuestro proceso de paz  se encuentre en suspenso, hay una realidad que permanece en Colombia: el narcotráfico. Por eso, es necesario reorientar la política de drogas a partir de información sobre lo que funciona y lo que no funciona, dirigiendo recursos hacia estrategias efectivas que den resultados.

Hace apenas un mes, hicimos un debate en el Senado de la República y asistimos a un foro en la Universidad de los Andes, para hablar sobre la inconveniencia de reanudar las fumigaciones aéreas, pues amplios estudios prueban su baja efectividad y el alto costo que demandan para combatir los cultivos ilícitos.

Encontramos por ejemplo, que para reducir el cultivo de coca de 1 hectárea, se deben asperjar aproximadamente 33 hectáreas adicionales cada año.  Como si esto fuera poco, la  Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado sobre los efectos del glifosato en seres humanos, afirmando que puede provocar un tipo de cáncer del tejido linfático, tumores en piel, enfermedades dermatológicas y hasta perdidas no deseadas de embarazos.

Ecológicamente, sus efectos no son menos agresivos. Expertos indican que los procedimientos necesarios para transformar una hectárea de coca,  en pasta o base de coca, desechan 150 Kg de precursores químicos sólidos y 57 galones de líquidos,  generando graves consecuencias negativas en el medio ambiente.

Por todas estas razones, reiteramos que el éxito de una política contra las drogas no puede estar medido en resultados como la existencia o no de matas de coca o en estrategias que golpeen a los más débiles en esta cadena, es decir a los campesinos. Es urgente desarrollar nuevas tácticas, dirigidas específicamente contra quienes se lucran de este negocio ilegal.

Los verdaderos criminales y narcotraficantes son los dueños de los laboratorios y cristalizadores en Colombia, no son los campesinos cultivadores. Por eso, debemos redoblar los esfuerzos para combatir la infraestructura de este negocio que es su verdadero ‘talón de Aquiles’. Atacar los cristalizaderos de manera decidida, es una salida efectiva a este flagelo.

Los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes debían presentar el pasado 25 de octubre la nueva estrategia del país, para combatir la presencia de hoja de coca y evitar que se sigan incrementando las hectáreas de este cultivo. Esperamos que utilicen la evidencia científica, las cifras y los estudios que están sobre la mesa, pues solo así, acabaremos con el mayor dinamizador de la guerra que tiene nuestro país.

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