El caballista Santiago Uribe, hermano menor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue capturado por la Fiscalía en Medellín dentro del proceso de investigación por la creación del grupo paramilitar ‘los 12 Apóstoles’, responsabilizado por decenas de muertes en el oriente antioqueño. Deberá responder por homicidio agravado y concierto para delinquir.
La captura se produce porque un fiscal considera que Santiago Uribe tuvo un papel determinante en esa organización criminal, por la que ha sido cuestionado en los últimos quince años.
Uribe ha sido citado varias veces por Fiscalía para dar explicaciones sobre sus supuestos nexos con grupos paramilitares, en particular uno denominado ‘los 12 Apóstoles’, y las órdenes que se habrían dado desde la finca La Carolina para cometer varios crímenes en el sector de Yarumal (Antioquia).
El principal testigo en el caso es el mayor de la Policía Juan Carlos Meneses, investigado por los crímenes cometidos por ese grupo paramilitar y quien ha señalado a Uribe como uno de los jefes de ese grupo. En el proceso, el mayor Meneses declaró que se cometieron crímenes con la colaboración de Santiago Uribe.
Según la Fiscalía, en el crimen del conductor Camilo Barrientos, por el que es procesado Meneses, hubo una estrategia establecida por ‘Los 12 Apóstoles’, que emplearon sus influencias para que la Policía les colaborara en la campaña de eliminar personas que consideraban guerrilleros.
La defensa del ganadero ha señalado que las acusaciones son parte de un complot y de hecho denunciaron a Meneses por el delito de falso testimonio.
El 3 de marzo de 2015, a Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le negó una tutela a Santiago Uribe, en la que pedía que se le ordenara al fiscal décimo delegado ante la Corte Suprema que definiera su situación jurídica.
En la acción de tutela Uribe afirma que se le «están vulnerando sus garantías fundamentales al debido proceso». Uribe sostiene que aunque desde el 22 de diciembre de 1995 se abrió una investigación penal en su contra por una declaración de Albeiro Martínez Vergara, desde entonces el caso no ha avanzado ni la Fiscalía ha definido si le imputa cargos o archiva el proceso en su contra.
La Corte Suprema negó la tutela al considerar que «no es procedente» porque la justicia constitucional no puede «inmiscuirse» en trámites judiciales en curso, o ya terminados, «para interferir, modificar o sustituir las determinaciones allí pronunciadas».
En mayo del año pasado, la Corte Suprema de Justicia, por petición del fiscal delegado ante ese tribunal, pidió el testimonio del paramilitar Salvatore Mancuso.
